La jueza federal María Romilda Servini de Cubría procesó ayer a tres exjefes del Gabinete de la gestión kirchnerista, al presidente de AFA, Luis Segura, y otros seis dirigentes del fútbol por irregularidades en el destino de los fondos del programa Fútbol Para Todos. A lo largo de 375 carillas, la magistrada apuntó contra Juan Manuel Abal Medina (actual senador), Jorge Capitanich (intendente de Resistencia) y Aníbal Fernández (presidente de la Federación Argentina de Hockey). El titular de la entidad futbolística hasta el 30 de junio se anotició de la medida en los Estados Unidos, donde la Selección argentina disputa la Copa América. A los exfuncionarios les achacó el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por la omisión de controlar el destino de los fondos dispuesto desde el Poder Ejecutivo. A los dirigentes deportivos lo acusó de administración fraudulenta.
La decisión de Servini de Cubría incluyó a los entonces coordinadores del programa «Fútbol para Todos», Gabriel Mariotto y Pablo Paladino. Entre los directivos procesados están José Lemme, Eduardo Spinosa y Carlos Portell (extesoreros de AFA); Miguel Silva y Rafael Savino (exsecretarios generales); y Rubén Raposo (exgerente financiero). Sin embargo, la magistrada desvinculó através de un sobreseimiento a Mariano De Lorenzi, actual secretario ejecutivo del FPT reciclado por Cambiemos. Idéntica suerte corrió Lucas Gaincerian.
A los directivos de la AFA, la jueza los acusó por desviar hacia otros fines los fondos públicos del programa «Fútbol para Todos», como ser el pago a la fundación «El Futbolista», del equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por el contrato televisivo; siete préstamos otorgados por el Banco Credicoop a la AFA con la cesión del convenio de fecha 20 de agosto de 2009 y los daños al patrimonio estatal y/o el beneficio injustificado de terceros por la operatoria de descuento de cheques de pago diferido.
Servini de Cubría procesó por administración fraudulenta a los directivos de la AFA en tanto que a los exfuncionarios lo hizo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, delito que contempla como máximo dos años de prisión. Los embargos impuestos, alcanzan los $10 millones.
Fuente: Ambito.com