El debate se centró en el absoluto fin de la violencia contra los menores y en el enorme trabajo que falta hacer para que las nuevas leyes se transformen en realidades para todos.
Ayer terminaron las Jornadas Niñez y Adolescencia en el Nuevo Código Civil, organizadas para repensar el marco teórico, revisar las prácticas y las políticas públicas y proponer transformaciones para el cumplimiento de las leyes consagradas. Mientras el viejo Código Civil aceptaba que los padres aplicaran “correctivos moderados” a sus hijos e hijas, el nuevo los prohíbe. Tomando ese eje vertebrador se habló de los distintos tipos de violencias que padecen los chicos y chicas, desde la física hasta la institucional y llegando al abandono del Estado, como un síntoma de políticas neoliberales que profundizan la pobreza y, por ende, sumergen a más niños en ella.
La convocatoria al #Niunamenos y la lucha contra la violencia hacia las mujeres también se hizo presente en el debate, como una articulación necesaria entre las problemáticas de infancia y género. “En la marcha tiene que haber muchos más hombres porque los femicidas son hombres y tenemos que cambiar la cultura del cachetazo a tiempo”, dijo Alejandro Amor, el Defensor del Pueblo de la Ciudad. En la misma línea, María Elena Naddeo, del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad del mismo organismo, planteó la importancia de hablar de infancia desde el feminismo. “La violencia contra los niños es parte de una sociedad atravesada por relaciones de poder, por desigualdades entre varones y mujeres y el colectivo LGTB, y adultocéntrica”, dijo. Recordó también que entre el 70 y 80 por ciento de los agresores de niños y niñas son conocidos de la familia: “el padre biológico encabeza la pirámide, seguido del padrastro, abuelo, tíos y otros conocidos”.
Las jornadas se llevaron adelante el 1 y 2 de junio en la nueva sede de la Defensoría del Pueblo (Belgrano 673), organizadas además por la presidencia de la Comisión de Mujer Infancia Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Foro contra la violencia institucional.
En la apertura, la legisladora Andrea Conde destacó la necesidad de difundir y defender las reformas legislativas de los últimos años. “En este orden capitalista, patriarcal y adultocéntrico las violencias están invisibilizadas, los niños todavía están lejos de ser sujetos de derecho” como plantean la Convención de los Derechos del Niño a la que nuestro país adhirió, la ley nacional de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 26061, y la local 114. “El interés superior del niño no puede ser pensado desde una mirada liberal. El Estado es responsable de garantizar sus derechos”, remarcó. Entonces, abrió la discusión sobre las políticas públicas reales para hacer cumplir esos derechos. “En la ciudad, por ejemplo, no se cumple la ley de educación sexual”, apuntó, llamando a promover políticas públicas inclusivas para niños, niñas y adolescentes.
Luis Duacastella Arbizu, defensor en materia penal, resumió como uno de los déficit en la justicia “la ausencia de perspectiva de derechos, desde la policía que toma conocimiento de un hecho hasta los operadores judiciales”. Comentó que aunque hace varios años existe en el Código Contravencional una la figura que aplica al maltrato infantil “no conozco causas iniciadas por esta figura”. Si bien aclaró que no considera que la punición sea la solución para prevenir el maltrato, se preguntó por qué “el maltrato animal tiene diez veces más pena que el infantil” y dijo que es importante discutir la relación entre el Nuevo Código Civil y la legislación penal.
El primer panel “Análisis de aspectos transformadores del nuevo Código Civil en materia de niñez”, contó con la presencia de Nelly Minyersky, titular de la Maestría en Políticas infanto juveniles de la UBA y una de las redactoras en temas de Familia del Nuevo Código; la abogada Marisa Graham, ex Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF) y Mary Beloff, Fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Nación.
Beloff coincidió con Duacastella Arbizu en su “escepticismo respecto de que pueda ser eficaz la respuesta penal en relación a los castigos domésticos”. Por otro lado, señaló que coexiste una “tensión compleja” entre modelos del relación del mundo adulto con los niños, “entre modelos paternalistas y liberalistas, en el Código Civil”. “Creo que la jurisprudencia tendrá que ser criteriosa: que no se caiga en el paternalismo pero tampoco se niegue la condición de dependencia de los niños. No hicimos todos estos esfuerzos para poner a los niños a la par de los adultos”, explicó.
Graham se refirió a la Adopción y destacó que la nueva norma “pone al niño en el centro de la cuestión; ya no a los adultos, tanto a los progenitores como a los adoptantes” y “saca a los niños del lugar de objeto de transacción”. Planteó, en este sentido, que antes esto no importaba demasiado porque “los niños a adoptar son pobres”. Y remarcó la importancia entonces de que haya “una población que irrumpe en el Código Civil: los niños, niñas y adolescentes pobres”.
Cerrando el panel, Minyersky dijo que su principal preocupación es cómo lograr que el “plexo normativo se haga realidad”. “Yo lo que quiero es que se difunda, no en las universidades, sino en las villas… para que se cambien conductas”, dijo. Explicó el cambio de paradigma que implica el nuevo Código, donde se habla de igualdad y de no discriminación; y ya no se habla de “patria potestad” ni de “tenencia”, sino de “corresponsabilidad familiar”, entre otros aspectos.
En relación a la violencia hacia niños y niñas, se preguntó “¿por qué hablamos de violencia cuando es hacia adultos y malos tratos cuando son niños? Es absurdo”. Por eso resaltó que se avanzó mucho en el Código con la prohibición de los malos tratos en el artículo 647, que elimina la figura del “correctivo” todavía existente en la vieja redacción. Sin embargo, explicó que en ese artículo no se aclaró qué es maltrato. Por eso llamó a enriquecerlo con lo que dicen las leyes local y nacional de protección de la infancia.
“Ojalá que dentro de 30 años tengamos una familia más democrática. Hoy todavía la fuerza es un arma”, finalizó.