La alianza oficialista Cambiemos, con la ayuda del massismo y el Frente Amplio Progresista, logró este martes en Diputados sacar dictamen de comisión a favor del proyecto impulsado por el Ejecutivo que crea el régimen de devolución del IVA para los jubilados que cobran la mínima y los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones sociales.
El Régimen de Reintegro por Compras en Comercios de Ventas Minoristas enviado por el Gobierno nacional fue debatido en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del macrista Luciano Laspina, y prevé un costo fiscal de unos 20.000 millones de pesos, según las estimaciones del oficialismo.
La propuesta, que sufrió varias modificaciones, fue defendida por el oficialismo y acompañada con disidencias por el massismo y el FAP mientras que el Frente para la Victoria, el bloque Justicialista y Carlos Heller presentaron dictámenes de minoría al igual que el Frente de Izquierda, que directamente rechazó la idea bajo el argumento que «es un negocio para los bancos y los supermercados».
El oficialismo aceptó aplicar un menú de modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo que van desde la utilización de otros medios de pago electrónico (no sólo la tarjeta de débito) hasta la decisión de actualizar el tope de reintegro fijado en 300 pesos de acuerdo al índice de la canasta básica de alimentos según el INDEC.
En la apertura del debate, Laspina calificó como «revolucionario» el régimen de reintegro del tributo al consumo que prevé «la creación de un IVA progresivo», que según su interpretación era «una demanda que tenían muchos de los políticos durante mucho tiempo y que beneficia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad».
Sin embargo, Marco Lavagna (Frente Renovador) advirtió que «el proyecto como está no va a tener el impacto buscado con la medida», ya que a su entender plantea «una situación despareja en términos de los que están con posibilidad de bancarización».
En este contexto, el legislador propuso como alternativa implementar «un plus en los haberes mientras se está trabajando en cómo utilizar la tarjeta de débito» al tiempo que recomendó lanzar «una campaña muy fuerte para que los comercios incorporen los medios electrónicos de pago para evitar una concentración en la economía».
Asimismo, el diputado massista pidió que «el tope de 300 pesos sea sometido a indexación o ajuste para que no dependa de un funcionario de turno», medida que fue recogida por el oficialismo.
En tanto, el ex jefe de la ANSES Diego Bossio (bloque Justicialista) propuso la creación de «un postnet social», ya que según sus datos, «el 77 por ciento de los comercios no va a poder estar incluido en esa norma».
Su compañero de bancada, el salteño Pablo Kosiner calificó como «inconstitucional» porque «no podemos tomar decisiones en un tributo coparticipable» y, en este contexto, planteó con poco éxito hablar sobre el desfinanciamiento de las provincias. «Las provincias no están en condiciones de seguir cediendo recursos y esto tiene que ser financiado con el presupuesto nacional», reclamó el legislador.
El ex ministro de Economía Axel Kicillof (Frente para la Victoria) advirtió que «el proyecto está plagado de problemas e imprecisiones» y presentó una propuesta que calificó como «superadora» que consistía en «depositarle esta plata (300 pesos) a los sectores que queremos que la reciban inmediatamente».
Felipe Solá también alertó sobre un «riesgo de concentración del comercio por lo que debería haber un artículo más fuerte que diga que el Estado podrá ayudar a los comerciantes que quieran poner el postnet».
Fuente: Minutouno