El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat visitó nuestra ciudad y paso por los estudios de Radio Urbana. En un extenso diálogo en el programa Ballotage abordó varios temas de actualidad.
“Quienes integramos el Instituto Arturo Enrique Sampay hicimos una presentación institucional, en marzo referida a esta negociación criminal con los fondos buitre que no solamante endueda en función del monto de compromiso de pago sino que habilita la pérdida de la moratoria de la deuda externa reestructurada en 2005 y en el 2010”, comezó diciendo.
“Uno debe preguntarse el por qué de la negociación. En el derecho cuando un deudor está en condicion de estrangulamiento financiero llama a conscurso a sus acreedores, la ley le pide que consigne 2 mayorías el 66 % de la nómina de acreedores verificados y el 66 % del capital verificado si consigue eso el juez homologa ese convenio y es vinculante para el universo restante. En el caso de los holdouts se logró casi el 93 % de acuerdo a los acreedores y hay un juez que reconoció el derecho a cobrar todo, no importa quienes hayan reestructurado deuda, esto colisiona con todas la leyes”, explicó Barcesat.
Y agregó: “Esto se entiende en un sistema de jurisprudencia que los jueces adaptan que resolución debe ser dictada. Un fondo buitre vino a la Argetina en 2007 a ejecutar una sentencia de Griesa el tema llegó a la Corte y en marzo de 2014 siguiendo un fallo nulo de la Procuradora General de la Nación hizo propio la determinación de la Procuración, de modo que el Poder Judicial dice que esos fallos son lesivos del orden público constitucional argentino, pero el Ejecutivo va a hacer una tranza que es a contramano de este pronunciamiento”
Sobre el apoyo del Congreso
“El apoyo del Congreso para que se pague a los fondos pertenece a otro tramo de este entuerto institucional que es el apriete por los pagos de la coparticipación federal. En octubre la corte dicta un fallo haciendo lugar a recalmos de varias provincias para que se declare inconstitucional la detracción del 15 % sobre los impuestos coparticipables, se reitegren esos aportes y no haya detracción futura, la entonces presidenta habilita a todas las provincias para ponerlas en plano de igualdad. Macri deroga el decreto de Cristina, pero las provincias tienen derecho a reclamar. La mayor barbarie institucional es hacer las bases para un nuevo pacto federal por un derecho simple. Luego como venían las votaciones de los fondos buitre y la derogación de la ley de medios, sacaron otro decreto en diciendo que las provincias que tengan políticas de ajuste se les va a otorgar un pago en bonos del Tesoro Nacional, y esto es un discruso extorsivo”, subrayó.
Panamá Papers
“El gobierno está implicado con los holdouts y con las empresas offshore, se ha votado a la clase gerencial del capitalismo fincnaciero. Ahora tienen que mostrar los depósitos que se han hecho, esa es la documentación que importa de las sociedades”, dijo el constitucionalista.
“Hay que analizar las 2 cosas que Macri lanzó como sus gestos de transparencia absoluta la primera que se va a presentar ante un juez civil, y que la declaración de certeza es contradictoria porque ir a un juicio donde no hay contraparte no es un juicio de declalarión de certeza. Lo que puede hacer una persona que está involucrada en una acción penal es presentarse voluntariamente y mostrar los libros, etc”, manifestó.
Y destacó: “Pero tomo la palabra de Ricardo Nissen: ‘Nadie constituye una sociedad offshore con fines lícitos’. La hipótesis más leve es la de escamotear bienes a la sociedad conyugal. Contra esto hay que luchar, es una actividad ilegal”.
Imputación a la expresidenta
“Es un riesgo cierto que Cristina vaya presa teniendo en cuenta en manos de quien está la causa (juez Caludio Bonadio), pero ese riesgo cierto es un boomerang político porque el pueblo argentino tiene memoria y tuvo un 17 de octubre, además al gobierno no le conviene Cristina presa”, finalizó.