El Ejecutivo Nacional reglamentó restrictivamente la ley conocida como Brisa, que otorga una reparación económica a hijos e hijas víctimas de femicidio. Mientras la norma votada por el Congreso Nacional planteaba que la ley era retroactiva al momento de cometido el femicidio, el decreto reglamentario eliminó la retroactividad. “Es inconstitucional”, afirmó el abogado Andrés Gil Dominguez.