El diputado nacional Héctor Recalde (Frente para la Victoria) resaltó la necesidad de saber «qué pasó con los sectores económicos implicados» con la dictadura cívico militar, al resaltar los motivos que lo llevaron a presentar un proyecto de ley para crear una comisión bicameral que ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados, con la abstención de PRO.
«Más allá de las disidencias y de las discusiones que algunos diputados radicales y del Frente Renovador plantearon, no entiendo la abstención de los legisladores de PRO, pero el silencio tiene también un valor jurídico», afirmó el legislador del oficialismo.
La iniciativa impulsada por Recalde, el titular de la comisión de Legislación del Trabajo, recibió el apoyo mayoritario de la Cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza.
El proyecto crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras para determinar quiénes fueron los «actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron» con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron «apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza».
Para Recalde, «se ha avanzado en identificar a algunas empresas cómplices como Mercedes Benz, Ford, Celulosa, Ledesma, La Veloz del Norte, Acindar, Techint, Siderca», pero lamentó los fallos judiciales que desprocesaron al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y a Vicente Massot (director del diario La Nueva Provincia).
«El desprocesamiento de Massot es terrible: se exculpa diciendo que no tuvo participación en la conducción de la empresa cuando desaparecen dirigentes sindicales y da como responsables a la madre al hermano muertos, cuando aparecen actas del directyorio donde se lo designa para vincularse con el gremio y con los trabajadores», cuestionó.
El diputado del FpV agregó que también es necesario «avanzar en complicidades juidiciales» y puso como ejemplo el caso del juez Ricardo Lona, acusado en primera instancia de partícipe secundario en el asesinato del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, y que ahora la fiscalía lo acusa de «partícipe» principal.
Fuente: Telam