EL GABINETE ECONÓMICO RECONOCIÓ FALLAS DE COORDINACIÓN.
PROMESA DE TRABAJAR EN EQUIPO.
Críticas a la conducción de la petrolera por los aumentos de naftas en el arranque del año. Sospechas contra Miguel Ángel Gutiérrez presiona para bajar impuesto a los combustibles.
La conducción económica del país reconoció como un error la manera en que se manejó estrategia para controlar la inflación entre diciembre de 2017 y el primer cuatrimestre de este año; pero se señaló a YPF como parte del problema. Según las conclusiones que se obtuvieron en el retiro espiritual de Chapadmalal entre el viernes y el sábado, la decisión de la petrolera de aumentar más de 8% los combustibles en enero (especialmente el último incremento de 3,5%), no estaba en carpeta ni fue consultado y complicó el índice general para todo el período. Pero además, y según lo que se aseguró en la cumbre del gabinete de Mauricio Macri, ese último incremento estuvo más relacionado con presiones que la empresa estatal estaría encabezando (liderando a todas las petroleras del país), para que el Gobierno baje la presión con Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), o flexibilice las condiciones de giro al estado del tributo. O, algo peor a los ojos de la conducción fiscal del país, que permita cierto nivel de financiamiento con el tributo. Se señaló además a la petrolera como presionando para que desde el Ejecutivo se asuma el pago de una bono nominado en dólares por algo más de 400 millones; cifra que, para el estado argentino, debería ser liquidada en moneda nacional.
El gabinete económico tuvo su momento de catarsis y debate interno en Chapadmalal. El jefe de Gabinete Marcos Peña y sus dos lugartenientes, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; junto con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, Finanzas, Luis Caputo, Energía, Juan José Aranguren, Producción, Francisco Cabrera y Transporte Guillermo Dietrich. Todos fueron «invitados» por Macri y Peña a discutir los muchos temas en conflicto que sostienen desde hace tiempo, y que a los ojos presidenciales terminan perjudicando toda la gestión económica. En particular debían discutir las evidentes fallas en el combate a la inflación, y los motivos por los cuales la población asimila que es hoy por hoy el principal problema para las familias argentinas. Aún por encima de la corrupción y la inseguridad. Para peor, en Chapalmalal se reconoció que febrero será un muy mal mes y que probablemente el índice supere largamente el 2%; convirtiéndose en uno de los peores meses desde que el macrismo llegó al poder. Se confirmó también que ahora las proyecciones oficiales impiden garantizar la meta pétrea de 5% para el primer trimestre, y la amenaza de un 6% acumulado para los primeros tres meses del 2018. Macri y Peña habían sido muy precisos en que para abril debía existir la percepción de una inflación controlada y una meta de 15% lograble, para que los privados puedan negociar paritarias con ese techo y «sin gatillo». Como contestación, los ministros respondieron que el dato inflacionario podría haber sido garantizado en un 4% para el primer trimestre, si no hubieran afectado negativamente los dos aumentos de los combustibles aplicados desde que comenzó el año.
Todos los responsables de la política fiscal y monetaria reconocieron que la situación es complicada y tuvieron un primer «Brian Storming» para analizar la situación. Fue allí en que los dedos apuntaron al ministro de Energía. Aranguren enfrentó las acusaciones presentando pruebas. El ministro de Energía les planteó a sus interlocutores, que debían recordar que en el momento en que se debió negociar una política escalonada y gradual de incrementos en las tarifas de los servicios públicos; hizo su aporte y programó las alzas entre diciembre y abril. Aranguren aseguró que el cronograma estuvo pensado en el impacto inflacionario y que la decisión se tomó aun teniendo en cuenta que hubiera sido más funcionario concentrar los ajustes en menos tiempo. Esto además del nivel del ajuste, que para el ministro debía ser superior al promedio aprobado para este año y que, aún, no garantiza la rentabilidad a las empresas licenciatarias de los servicios públicos. El ministro aclaró además que tiene en cuenta que los aumentos de las naftas son inflacionarios y tienen un poder multiplicador en los incrementos de los precios, y coincidió con la cifra que aportó el ministerio de Hacienda sobre el rebote de un punto inflacionario por cada 5 de alzas de los combustibles. Según dejó en claro Aranguren, la petrolera maneja sus políticas de precios sin que se la presione (ni para que los suba ni para que los baje) por orden presidencial, y es la conducción de Miguel Ángel Gutiérrez la que los aplica sin consultar al Ejecutivo. Se habló además de la conversión de Gutiérrez en el referente de toda la industria petrolera, a la que seguiría más que a los intereses del Gobierno.
Peña y Quintana prometieron investigar las acusaciones e interesarse en el manejo de la petrolera; dejando en claro además que a partir de ese momento era responsabilidad de la jefatura de Gabinete. El resto de los ministros debía volver a enfocarse en bajar la inflación y garantizar la meta del 15% anual. Y en no mostrar internas al público.
Fuente: ambito.com