El Gobierno enviará hoy al Congreso el proyecto de ley de reforma laboral que consensuó con la CGT y que en su última versión ayer declinó la creación de bancos de horas, un mecanismo que se suponía podría reemplazar las horas extras. La iniciativa definitiva, a la que accedió este diario, incluye un blanqueo con amplios beneficios para empresarios; facilidades para modificar y tercerizar tareas; baja en las indemnizaciones por despido y aumento de licencias; la opción de constituir «fondos de cese laboral» con recursos del empleador; el relanzamiento de las pasantías por hasta un año, y una agencia de evaluación médica para frenar juicios a obras sociales.
El acuerdo con la central sindical no pareció incluir a Hugo Moyano. Su hijo mayor y número dos en Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que hará una movilización en contra al momento de tratarse el proyecto. En la sintonía se prevé que estarán disidentes de la CGT como el bancario Sergio Palazzo, además de las dos versiones de la CTA y el sindicalismo clasista y de izquierda.
La redacción final de la iniciativa -que ingresará por el Senado para adelantarse a la asunción de Cristina de Kirchner- mantuvo los ejes centrales que habían acordado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la mesa chica de la CGT. Ayer, sin embargo, en el plano técnico el equipo de abogados de la central, capitaneado por Federico West Ocampo (Sanidad) alcanzó a quitar o morigerar puntos que todavía causaban rechazo.
Uno de ellos, el que consagraba la posibilidad de instaurar por convenio «bancos de horas» con aval sindical, fue retirado. Mientras que la creación de dos figuras nuevas, como el «trabajador profesional autónomo económicamente vinculado» y el «trabajador independiente con colaboradores», ideada para dejarlas fuera de la ley de Contrato de Trabajo, quedaron finalmente sujetas al análisis de un consejo asesor que tendrá 90 días para conformarse y otro tanto para resolver. La segunda, que había provocado mayor inquietud gremial, ni siquiera quedó en el texto regular.
La facultad de tercerizar tareas, motivo de las objeciones de Moyano por incluir el transporte, también se limitó en la última versión. Las empresas principales podrán subcontratar servicios de seguridad, higiene y gastronomía pero no de informática, como estaba previsto. Y sobre los de transporte, sólo podrán hacerlo con los «de personas» y no de carga. En cuanto a la posibilidad de renunciar a contratos individuales más ventajosos la iniciativa lo permite pero sujeta a la homologación de Trabajo y con participación de asesores del empleado.
Otro ítem que resistió los sucesivos borradores fue la facultad unilateral del empleador de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Hasta ahora el trabajador puede optar por darse por despedido o iniciar una demanda que debería restituirle esas condiciones. El proyecto establece que podrá acudir a la Justicia pero eso no impedirá el cambio. En tanto que las indemnizaciones, que en los textos previos debían calcularse sólo por el salario básico, recobraron valores como las horas extra y las comisiones pero mantuvieron afuera el proporcional del aguinaldo y los bonos anuales.
Fuente: ambito.com