El Estado se desprenderá de su participación en seis centrales termoeléctricas, una porción de la proveedora nuclear Dioxitec y acciones en otras compañías del sector energético. También se deja abierta la puerta para privatizar las represas del sur, aún no construidas.
El Gobierno puso ayer a la venta por decreto su participación en seis centrales termoeléctricas, una porción de la proveedora nuclear Dioxitec y acciones en otra serie de compañías del sector energético. El objetivo oficial es recaudar 1000 millones de dólares. Fuentes oficiales aseguran que para desprenderse de esos activos no requieren autorización del Congreso. En los considerandos de la norma también se dejó abierta la puerta para vender en el futuro las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, las cuales todavía no se comenzaron a construir, pero a las que el decreto rebautizó como La Barrancosa y Condor Cliff, respectivamente, nombre original que tenían al comienzo del proyecto. El otro punto destacado de la norma es la fusión por absorción de los activos de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa) dentro de Energía Argentina S.A. (Enarsa), la cual ahora pasará a llamarse Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa).
La lista de empresas a la venta incluye seis centrales térmicas:
Ensenada de Barragán (Buenos Aires)
Brigadier López (Santa Fe)
Manuel Belgrano (Buenos Aires)
José de San Martín (Santa Fe)
Vuelta de Obligado (Santa Fe)
Guillermo Brown (Buenos Aires)
El decreto 882/17 aclara que quien adquiera los activos de las centrales a cielo abierto Ensenada de Barragán y Brigadier López deberá completar su cierre de ciclo, obra que le sumará 450 megavatios al sistema. La construcción de Ensenada estaba a cargo de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, y Brigadier López en manos de la española Isolux, pero ninguna de las firmas completó la obra y el año pasado el gobierno rescindió el contrato con el acuerdo de los privados.
Las otras cuatro centrales de ciclo combinado fueron construidas mediante el Fondo de Inversiones para el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem), un fideicomiso conformado en 2005 con fondos que Cammesa les debía a las generadoras y un aporte adicional desembolsado con el Estado. Los contratos con las generadoras preveían la construcción de las centrales y su operación por diez años. Luego los activos se repartían de acuerdo al aporte que hizo cada parte para construirlos. El Estado ahora venderá la suya.
Una vez que Enarsa se desprenda de su participación en esas seis centrales, el Estado nacional habrá resignado todo tipo de propiedad en el segmento de generación termoeléctrica, donde había ido ganando mercado durante el kirchnerismo. Hugo Balboa, presidente de Enarsa, lo confirmó ayer en una entrevista con el portal especializado EconoJournal: “El Estado, a través del Ministerio de Energía, definió que la generación térmica no es un activo estratégico, por lo que va a desprenderse de esos activos”, aseguró.
El decreto prevé además la privatización parcial de Dioxitec, una firma estatal con sede en Córdoba controlada hasta ayer por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que produce dióxido de uranio para las centrales nucleares. En este caso el Gobierno hace valer el artículo 4 del decreto 1286 de noviembre de 1996 que creó la firma, donde dice que el 51 por ciento de las acciones clase C están sujetas a privatización, posibilidad que hasta ahora nunca se había hecho valer. Antes de avanzar con la venta, el presidente Macri transfirió esas acciones al Ministerio de Energía.
El Gobierno también se desprenderá del 50 por ciento que posee en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica (Citelec), firma controlante del 52 por ciento de Transener, la mayor transportadora de electricidad del país. De este modo, el Estado se desprenderá de otro activo de alto valor estratégico.
Por último, se aclara que también están a la venta las participaciones minoritarias en Central Puerto, Central Térmica Güemes, Central Dique, Centrales Térmicas Patagónicas y Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia (Transpa).
Fuentes oficiales dejaron trascender que esperan recaudar 1000 millones de dólares con la venta de las acciones del Estado en todas las empresas mencionadas, aunque especialistas del sector privado aseguraron a este diario que esa cifra está por debajo del valor que acumulan esos activos.
Otro de los puntos clave del proyecto es la absorción de Ebisa por parte de Enarsa y su cambio de nombre por Integradora Energética Argentina. En su artículo 4, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial establece que bajo la órbita de esta última firma quedará la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz, la central termoeléctrica a carbón que se está llevando adelante en la ciudad de Río Turbio, el gasoducto regional Centro II del corredor lechero Esperanza-Rafaela-Sunchales, el gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico, el gasoducto Cordillerano y el gasoducto de la Costa.
Con respecto a las represas sobre el río Santa Cruz, en los considerandos del decreto dice que “en una primera etapa y a los fines de la celebración de los contratos de abastecimiento de energía que sean necesarios para el financiamiento del proyecto, resulta conveniente otorgar a Enarsa la concesión para la explotación de las centrales de generación eléctrica referidas, la que podrá ser transferida a empresas del sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo”. Con esa aclaración final, el decreto deja abierta la posibilidad de avanzar también con la privatización de esas represas hidroeléctricas en lo que constituye una muestra de gran ansiedad por parte del gobierno, pues antes de privatizarlas primero será necesario construirlas.
Fuente: pagina12.com.ar