SE PRESENTARÁ LA INICIATIVA EN EL CONGRESO
Contempla la posibilidad, aunque limitada, de que las personas jurídicas puedan ser aportantes explícitas de las campañas proselitistas.
Mar del Plata – El anuncio de la presentación de un proyecto de ley para modificar la norma de financiamiento de las campañas electorales (y de la política, en general) fue una de las vedettes de la jornada en el Coloquio de IDEA, Mar del Plata. En un almuerzo que incluyó dirigentes políticos, empresariales, sindicales y representantes del Poder Judicial se trazaron los puntos de una iniciativa de consenso, aunque no definitiva, para ser presentado en el Congreso. El espinoso asunto se centra en la posibilidad -limitada- de que las personas jurídicas puedan ser explícitamente aportantes de las campañas proselitistas. Con críticas al control judicial y a las propias maneras de hacer los aportes en cuanto a transparencia, tal como adelantó Ámbito Financiero, el encuentro fue la plataforma para intentar incidir en la cuestión pública e institucional de manera explícita.
«Gestionen en vez de manguear guita», fue una de las opiniones de empresarios que quedaron de manifiesto luego de que se expusieran ventajas y desventajas del actual sistema de aportes, que tuvieron la visión del vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Vía, quien reclamó que cuenta con solo 8 auditores-contadores para evaluar irregularidades financieras en los balances expost que presentan los partidos ante cada elección. Latente quedó que casi ninguna fuerza pudo pasar el tamiz judicial para validar sus balances en la elección 2015.
En el desarrollo del proyecto -que cuenta con antecedentes- participaron Poder Ciudadano, CIPPEC y RAP (Red de Acción Política), con los trazos generales de las principales problemáticas identificadas. Falta de «equidad», aumento de los niveles de transparencia y rendición de cuentas sobre los dineros electorales, campañas «cortas» para comunicar objetivos, y falta de independencia y eficiencia en órganos de control fueron las primeras falencias que se detectaron. Le siguieron los temas de sanciones ineficaces ante incumplimientos, y vacíos de articulación entre normativas nacionales y provinciales que permite que se cuelen aportes irregulares a la vista de todos. El desiderátum sobre el compromiso «ciudadano» en el asunto fue otro de los temas expuestos. Hablaron y escucharon la líder del GEN, Margarita Stolbizer, el «lilito» Fernando Sánchez y el peronista Dalmacio Mera, como experiencia plural del trabajo de la RAP. Hubo reproches y una conclusión tan evidente como alarmante: hoy el 80% de los aportes de dinero a los políticos que son en negro, y solo el 20% es en blanco. «Inaceptable», conclusión generalizada (aunque hasta ahora admitida como parte del sistema).
Las ideas lanzadas al aire fueron variopintas y multicausales a la vez. Desde la unificación de la legislación a nivel país (en las provincias tienen sus propias normas) hasta la obligación de bancarizar donaciones. Las personas jurídicas -las empresas- podrán volcar dinero a la política ya sin la máscara de aportes voluntarios de su plana directiva, tal como sucedió hasta la actual campaña para las legislativas. Juzgados electorales exclusivos y regulación de la publicidad oficial para que no se «incline la cancha» a favor de los oficialismos fueron parte de la ponencia, sazonada con salmón y queso de entrada, y pesca del día como primer plato. Hasta hubo intervenciones de la mesa sindical, ubicada al fondo del salón y sorprendidos de los aproximadamente u$s25 millones que costó la elección en la que compitieron Mauricio Macri y Daniel Scioli.
La advertencia judicial sobre el riesgo que implica la multiplicidad de órganos «autónomos» de control salió del libreto consensuado sobre los proyectos. Se puso de manifiesto el excesivo poder que adquiría el Ministerio del Interior, la «más política» de las carteras ministeriales. «Hay que sacarse las caretas, el votante necesita un Veraz del candidato», lanzó uno de los disertantes sobre que los mismos aportantes hagan radiografías de los candidatos.
Prohibir las inauguraciones durante las campañas, despersonalizar los avisos pautados en medios (con críticas al manejo kirchnerista), monitoreos «on line» para la rendición de gastos electorales, bancarización (hasta con tarjetas de crédito) para donaciones, y mayores plazos fueron parte de los ejes de discusión de la iniciativa. Límites máximos de dinero y exclusión de quienes tengan conflictos de interés directo, además de sanciones, completaron el panorama.
Interrogantes quedaron flotando en el ambiente como cuáles serían los mecanismos para que no exista desbalance (sistema mixto de aportes incluyendo al Estado) para que fuerzas minoritarias tengan acceso a la oferta electoral; cómo se controlará el financiamiento disimulado entre campañas (maquillado como aportes para el fortalecimiento institucional por parte de directivos de empresa; y cuáles serán no solo los límites para contratistas del Estado, sino para firmas que podrían experimentar conflictos de interés indirecto si financiaran campañas. ¿La implementación de las reformas lanzadas ayer? ahora, 2019.
Fuente: pagina12.com.ar