Odebrecht no podrá ser oferente de obra pública en Argentina por un año

El Gobierno suspendió a la constructora Odebrecht por un año de la nómina de oferentes de obra pública. La decisión surge al considerar que la empresa brasileña se encuentra «prima facie en falta muy grave» por estar siendo investigada en el pago de sobornos a cambio de licitaciones en varios países.

La decisión fue tomada por el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que depende el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio. Según fuentes ministeriales, las empresas que ejecutan obras con fondos públicos deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Constructores y Firmas Constructoras de Obra Pública para poder operar y en el caso de Odebrecht esa autorización estaba vencida el 30 junio de 2016.

En atención a que Odebrecht tienen abiertos «varios procesos judiciales y administrativos» en Argentina y en el exterior que involucran a la empresa en «prácticas corruptas», el Gobierno decidió suspender el proceso de tramitación de la firma por doce meses.

La resolución menciona que «también en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados».

Vale recordar que el Ministerio de Transporte ya había conformado el esquema del equipo de trabajo para auditar el contrato del soterramiento de la línea de ferrocarril ex Sarmiento para detectar posibles irregularidades y encauzar la obra, de la cual se apartó a la empresa brasileña Odebrecht, indicó una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La reestructuración se produce luego de que Odebrecht, envuelta en un escándalo por el pago de sobornos para desarrollar sus proyectos en Argentina y otros países de Latinoamérica, resolviera desprenderse de sus acciones dentro del consorcio del soterramiento del Sarmiento, ahora a cargo de la italiana Ghella, que pasará a tener el 70% de la operación.

Vale recordar que en enero pasado Ángelo Calcaterra, presidente de la empresa Iecsa, fue denunciado ante la Justicia por sus presuntos vínculos en los pagos de coimas admitidospor la brasileña Odebrecht en la Argentina.

Sin embargo, la novela por la ramificación del «LaVa Jato» había sumado otro capítulo en abril pasado cuando la empresa había intentado que se declaren prescriptas en la Argentina las denuncias que podrían haber involucrado pago de sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En ese contexto,Casación Penal le negó a un directivo de la firma la prescripción de los delitos por le paso del tiempo. De esa forma,fracasó estrategia de Mauricio Couri Ribeiro, que había dicho que las coimas denunciadas a funcionarios K no podían ser investigadas.

Fuente: ambito.com

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