Economia

Golpe a la economía solidaria

14 Dic , 2017  

La iniciativa que debatirá la Cámara de Diputados elimina la exención del Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales que realizan actividades financieras. Son más de cinco mil que atienden a cinco millones de socios.

“El impacto social, fundamentalmente en las comunidades del interior, será gravísimo; y si no hay un retroceso en esto, el daño será irreparable”. Así lo expresó ayer Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y de la Alianza Cooperativa Internacional en una conferencia de prensa en la que representantes del sector analizaron la intención del Gobierno de gravar con Ganancias a las cooperativas y mutuales que realizan actividades financieras. Los referentes aseguraron que “no existe hecho imponible”. “Las cooperativas no pagan Ganancias porque como organizaciones sin fines de lucro no tienen ganancias”, sintetizó el directivo de Cooperar. Por su parte, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Edgardo Form, detalló que a esta situación “se agrega un problema muy concreto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que significa un retroceso en cuanto al tratamiento impositivo en materia de Ingresos Brutos para las cooperativas”.

La actual ley de impuesto a las Ganancias indica que las utilidades de las cooperativas no estarán sujetas a ese tributo. Sin embargo, esa exención quedaría sin efecto con la incorporación de los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria que podría convertirse hoy en ley. El artículo 23 del proyecto aclara que esa exención “no será de aplicación a los resultados provenientes de actividades de ahorro, crédito y/o financieras o de seguros y/o reaseguros”. Las cooperativas y mutuales que prestan servicios financieros perderían la exención y pasarían a tributar como cualquier empresa.

En la reunión de ayer para analizar estos cambios expusieron también Carlos Ianizzotto, presidente de Coninagro; Alejandro Russo, de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM); Dante Cracogna, abogado y experto en derecho cooperativo; César Basañes, gerente de Cooperar, y Cristian Horton, de la Confederación de Trabajadores Cooperativos (Conarcoop), quienes insistieron en que la reforma impacta en el corazón de la economía solidaria. “Esta embestida es nada más que una cabecera de puente para desembarcar agrediendo impositivamente a la totalidad del movimiento cooperativo y mutual”, dijo Cracogna.

“Creemos que desde el sector tenemos muchas cosas para decir, creemos que tenemos muchos fundamentos, estamos avalados por la normativa a nivel internacional, como la Organización Internacional de Trabajo”, destacó Guarco. El sector mutual da servicios, con 4920 entidades, a más de cinco millones de socios. “Nosotros hemos trabajado en la muestra de 300 entidades mutuales en la zona de Córdoba, Santa Fe y una franja de Buenos Aires y estas 300 mutuales dan servicio a 1 millón 800 mil personas, estas 300 entidades mutuales aportan más de 1200 millones de pesos a la comunidad donde estos pueblos se desarrollan. La pretensión tributaria en este caso si la ley se aprueba tal cual está no se podría recaudar 700 millones de pesos al año y nosotros solamente con 300 entidades mutuales estamos demostrando que estamos aportando más de 1200 millones de pesos a la comunidad donde estos pueblos se desarrollan”, explicó el presidente de la CAM.

“Este impuesto desnaturaliza el vínculo solidario que nos lleva a los productores a unirnos para lograr un mejor producto y más barato para la comunidad”, agregó Ianizzotto. El titular de Conacoop ejemplificó que “hasta los clubes de barrio que desarrollan enormes actividades en las comunidades y en las comunas y en los municipios y en muchas situaciones las mutuales financian hasta los pagos de los sueldos”. “Simplemente quiero agregar que esta voz de alerta se ha transmitido a los legisladores para que adviertan que más allá del rédito fiscal que pudiera haber en el corto plazo, la medida va a acarrear problemas al Gobierno porque las acciones judiciales son de largo plazo y se va a discutir la constitucionalidad y legalidad del pretendido tributo”, concluyó Cracogna.

Fuente: pagina12.com.ar


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