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El escándalo del armado policial al desnudo

13 Abr , 2017  

La mujer se venía contradiciendo, hasta que fue advertida y contó todo. Dijo que la acusación al principal imputado fue una maniobra policial en la que ella fue obligada a participar. Y que se hizo con anuencia del fiscal. Dio nombres y detalles. Ahora el tribunal evalúa si el juicio sigue.

Un escándalo de proporciones estalló ayer en el juicio oral por el asesinato de Candela Rodríguez, la adolescente de 12 años secuestrada en agosto de 2011. En la audiencia, una testigo de identidad reservada empezó declarando contra uno de los imputados, Leonardo Jara. Con el correr de los minutos todos los presentes en la sala percibieron que la mujer vacilaba y que su relato no era consistente. Ante una durísima advertencia del presidente del tribunal, Diego Bonano, la testigo se frenó y dijo: “Voy a contar la verdad”. A partir de ese momento empezó a relatar que policías de la Brigada de La Matanza la amenazaron con meter preso a su hermano por un hecho de piratería del asfalto. A cambio de no detenerlo se le exigió a la testigo y al hermano que se prestaran a acusar a alguien, a cualquiera, por el secuestro y asesinato de Candela. “Nos tienen que dar un nombre”, fue la exigencia. Ante esa extorsión, la mujer y su hermano proporcionaron el nombre de Jara, al que conocían por haber participado de un asalto. La declaración produjo una explosión en el juicio porque fue el reconocimiento de que la acusación en el caso Candela fue un armado policial tal vez con el objetivo de tapar lo que siempre se sospechó: que Candela murió en el marco de un enfrentamiento entre bandas de narcos de San Martín protegidos por la Bonaerense. El tribunal decidirá la semana que viene si pone un punto final al juicio o si existe alguna forma de que continúe.

El Tribunal Oral Criminal número 3 de Morón encabeza las audiencias y los imputados son tres: Jara, Hugo Bermúdez y Fabián Gómez. La hipótesis que se venía tratando de imponer desde el principio era que el secuestro y asesinato de la adolescente era una venganza contra el padre de la joven, preso por piratería del asfalto. La acusación nunca tuvo solidez: los imputados no se conocían, no tenían llamadas entre ellos y no había pruebas reales de amenazas contra Rodríguez, que llevaba un año y medio preso. El único punto de relevancia en el expediente era una llamada en la que una voz masculina afirmaba: “ahora sí que nunca más vas a encontrar a tu hija. Jamás la vas a encontrar. Te lo aseguro, hasta que esa conchuda devuelva la guita, no la van a ver más. Que le pregunte al marido dónde dejó la guita”. La Gendarmería peritó la cinta: primero dijo que era imposible determinar de quién era la voz y en un segundo peritaje afirmó que se trataba de la voz de Jara. En el juicio, la Policía Federal hizo un tercer peritaje pero no se pudo llegar a ninguna conclusión porque la cinta es muy breve, 11 segundos.

Pero el estallido se produjo ayer. Fue convocada a declarar una mujer, María M. que figuraba como la persona que había señalado a Jara como el culpable del secuestro. Ante las preguntas de la fiscalía y del abogado de Jara, Adrián Corvalán, María M. contó que ella no sabía nada, que todo lo había escuchado a través de una puerta y que los datos provenían de un diálogo entre su hermano Héctor M. y una abogada M.F.M (este periodista prefiere usar las iniciales dado que las imputaciones contra los hermanos no están firmes todavía). La testigo empezó a contradecirse y el presidente del Tribunal le advirtió que si seguía por ese camino sería imputada por falso testimonio en una causa criminal, que tiene penas de hasta diez años de prisión. La mujer frenó entonces el relato, se quedó muda y tras un largo silencio confesó que todo fue un armado de policías de la Brigada de Investigaciones de La Matanza. La testigo dio todos los nombres.

María M. contó que su hermano estaba con un pedido de captura por un caso de piratería del asfalto. Oficiales de la Bonaerense llegaron a la vivienda de los dos hermanos y tenían virtualmente apresado a Héctor M. Pero antes de llevárselo detenido les propusieron que declararan en el caso Candela. “Necesitamos un nombre”, les dijeron los uniformados. Los hermanos M. señalaron a Jara, ya que había participado con Héctor M. en un robo a un camión.

La testigo contó que después ambos fueron llevados a la fiscalía que investigaba el caso Candela. Allí declaró Héctor e involucró a Jara, pero como estaba con pedido de captura, la declaración se hizo a nombre de María. La mujer involucró en la maniobra no sólo a policías de la Bonaerense sino también al fiscal Marcelo Tavolaro y a la secretaria Guillermina Rapazzo, que supuestamente estaba presente cuando se hizo el cambio: testimonió Héctor pero figuró a nombre de María.

La declaración de la mujer dejó al descubierto lo que sería el armado del caso Candela. Siempre se intentó esquivar que el caso escondía una guerra entre narcos de San Martín, en el que hubo otros secuestros, esencialmente hijos de integrantes de los jefes de las bandas que se disputaban el territorio, inevitablemente al amparo de policías. Era vox pópuli que la guerra era entre Mameluco Villalba, un tal Pepe y un tal Claudio. De alguna manera, la madre de Candela, Carola Labrador, habría estado involucrada en esa guerra y el violento secuestro y asesinato de la chica –con violación incluida– se inscribiría en la venganza por otro secuestro.

Sea cual fuere la realidad detrás del caso Candela, lo que sí quedó expuesto ayer –tal vez como nunca en un juicio oral– es que hubo un armado policial, testigos preparados y extorsionados por oficiales de la Bonaerense para que acusaran a alguno de los imputados. El caso quedó manchado otra vez. Una comisión del Senado Bonaerense ya había denunciado a los jefes policiales y al aparato judicial por gravísimas irregularidades y lo mismo hizo la Corte Suprema bonaerense.

Tras la conmoción de ayer, los jueces Raquel Lafourcade, Mariela Moralejo y Diego Bonano decidirán la semana próxima cómo se sigue. Tienen que resolver, por ejemplo, si convocan al hermano de María, a Héctor, para que confirme las maniobras que se hicieron. O si el juicio se interrumpe ante la evidencia del armado policial.

Fuente: pagina12.com.ar


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