Politica

“El balance es regresivo”

13 Dic , 2017  

El organismo de derechos humanos señala que se profundizó la criminalización de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, que hay un peligroso abordaje de la seguridad interior y un “cambio de época” en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

“Ya pasaron dos años desde ese día que pusimos manos a la obra y empezamos a construir esa Argentina que soñamos, grande, justa, en la que cada argentino tuviera la posibilidad de crecer y desarrollarse”, dijo el Presidente Mauricio Macri ayer al mediodía en el Museo del Bicentenario. Quizá la fórmula, que repite con matices en cada acto desde que asumió la Jefatura de Gobierno nacional, haga menos ruido en otras ceremonias de presentación de proyectos, reformas y decretos. Pero ayer, en el marco del lanzamiento del primer Plan nacional de Derechos Humanos que elabora el país, hizo un poco de vacío. Por lo menos a la luz de las conclusiones del nuevo informe de Derechos Humanos que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentará el próximo sábado y que denuncia una “preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales” que “erosionan” los derechos humanos en el país: los efectos negativos de las flamantes políticas económicas, la criminalización de la organización social, política y sindical, las “nuevas amenazas” de la nueva mirada sobre la seguridad interior y un “cambio de época” en materia de memoria, verdad y justicia son los principales ejes del documento.

El informe, que el CELS presentará el sábado a las 19 en el Parque de la Memoria, analiza la situación de los derechos humanos en el país entre gran parte de 2016 y octubre de este año. La detención arbitraria de Milagro Sala y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en un operativo represivo en la Patagonia son dos de los casos más resonantes, pero quedaron afuera el asesinato de Rafael Nahuel en otro operativo de fuerzas de seguridad nacionales en Bariloche y las reformas previsional y laboral, entre varios otros destacados de las últimas semanas. “El balance es regresivo y prende muchas señales de alerta”, advirtió en diálogo con este diario gastón Chillier, director ejecutivo del organismo de derechos humanos.

El CELS participó de anteproyectos del Plan Nacional de Derechos Humanos cuando su elaboración estaba en manos de anteriores gestiones. “Es un paso histórico, una hoja de ruta”, lo describió el Presidente ayer en relación al conjunto de compromisos internos en torno de los derechos humanos. Ante este diario, Chillier advirtió que “hay varios puntos presentes en el plan que Argentina incumplió durante los últimos dos años”. Tampoco demostró el país respeto a los organismos internacionales de derechos humanos que exigieron medidas al Estado, como el traslado a su domicilio de Sala para que cumpla allí con su prisión preventiva –que la justicia jujeña sigue sin acatar–. “Son decisiones que van en sentido contrario a una política de Estado desde la transición de la democracia hasta el presente”, concluyó el referente del CELS.

El informe plantea que durante el período recorrido la posición “adversa” a la protesta social “empeoró” en los últimos dos años. “Fueron frecuentes las detenciones, la multiplicación de denuncias, la activación de causas judiciales que estaban olvidadas – contra organizaciones, militantes y activistas por reclamar derechos– o su culminación con condenas, las multas y clausuras a las organizaciones sociales y sindicales”. En esta situación, el CELS advirtió una connivencia entre el Ejecutivo y la Justicia, que “utilizan dispositivos legales disponibles para actuar sobre reclamos y conflictos sociales, y exhibe si el sistema judicial protege o, por el contrario, persigue la organización social, política y sindical”. A esto hay que contextualizarlo en la “fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores más poderosos” que planteó Cambiemos con su llegada a la presidencia. Ante “el aumento de la conflictividad social” asociada “al empeoramiento de indicadores socioeconómicos”.

En este punto, Chillier advirtió que “lo más preocupante es la respuesta que ha tenido el gobierno frente a estos hechos”. En el informe citan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su renovada teoría de los dos demonios durante la cena televisada con Mirtha Legrand. Eso se suma al apoyo oficial a la versión de Prefectura durante el operativo en el que Nahuel fue asesinado, que llegó cuando el texto ya estaba impreso. “Los primeros que lo reciben son las fuerzas de seguridad, que suponen que está bien disparar y que van a contar con el apoyo político. Esto abre la puerta a que se vuelvan a repetir”, sostiene Chillier, que también mencionó como “peligrosa” la decisión de negar el ingreso al país de activistas que venían a debatir durante la OMC. “El ministerio de Seguridad está liderando políticas que no debería intervenir y así cercena derechos”, puntualizó.

En la política de seguridad, el CELS también advirtió como amenaza a los derechos humanos la “tendencia a profundizar el abordaje punitivo y a retroceder en las políticas orientadas a reducir la violencia social e institucional y a garantizar derechos” que propone el acercamiento a la agenda de Estados Unidos sobre todo. “El narcotráfico y el terrorismo se tornaron los ejes estructuradores de discursos, de rediseños institucionales y de despliegues operativos basados en ‘nuevas amenazas’ que deja de lado la seguridad ciudadana y coloca la seguridad nacional y el orden público como bienes principales a ser tutelados”.

Los pueblos originarios y los migrantes son utilizados por la gestión para performatear a estos nuevos “enemigos internos” a los que apuntarían las luchas contra el narcotráfico y el terrorismo”. “Son problemas que no están diagnosticados debidamente. No hay ninguna investigación seria que diga que Argentina tiene conflictos con el terrorismo”, advirtió Chillier.

En cuestión de Memoria, Verdad y Justicia, el CELS señala un “cambio de época en el discurso, las sentencias y las políticas”. Ven retrocesos claros también en cuestiones vinculadas al aborto y derechos migratorios.

Fuente: pagina12.com.ar


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