En su lugar asumirá Luis Freixas Pinto, quien será el encargado de llevar adelante los recortes que el Gobierno tiene previsto aplicar en la compañía. Se especula con 1700 despidos y una batería de medidas flexibilizadoras para achicar el déficit.
El presidente Mauricio Macri le pidió la renuncia ayer al titular de Correo Argentino, Jorge Irigoin, y adelantó que en su reemplazo asumirá Luis Freixas Pinto, un ex directivo de Autopistas del Sol. Freixas Pinto será el encargado de llevar adelante el plan de ajuste que el gobierno tiene previsto aplicar en la compañía y que incluiría 1700 despidos y una batería de medidas destinadas a flexibilizar las condiciones de trabajo de quienes sobrevivan.
El gobierno presenta los cambios como parte de un programa de “modernización” que incluye un rediseño de la logística y la implementación de un nuevo plan de negocios destinado a liderar el mercado del e-commerce, pero, más allá del marketing, el objetivo central es avanzar con un fuerte recorte para reducir el déficit operativo de la compañía, que ronda los 4000 millones de pesos por año.
En el gobierno niegan que el desplazamiento de Irigoin vaya a derivar en despidos masivos, pero en la empresa reconocen que el ejecutivo venía pujando con el Ministerio de Modernización, de quien depende el Correo, para que las reformas se llevaran a cabo de manera más gradual. Su salida es la prueba más contundente de que en la nueva etapa que el gobierno decidió encarar luego de su triunfo electoral de octubre no hay lugar para las posturas más graduales.
De hecho, no solo se habla de despidos sino también de una avanzada flexibilizadora que incluso recortaría parte de los derechos sindicales. Las versiones que trascendieron hasta ahora indican que se buscará eliminar el aporte patronal a los sindicatos y que se le dejarían de pagar las licencias gremiales a quienes se dediquen exclusivamente al trabajo sindical. Además, los trabajadores afirman que ya les anticiparon que no habrá aumento salarial el año próximo. Solo recibirían un 5 por ciento pendiente de este año, que se abonaría en mayo.
El ajuste deberá ser ejecutado por Freixas y el gerente general, Gustavo Papini, quien asumió el cargo en septiembre cuando se renovó el directorio. En aquella ocasión Freixas había ingresado como director junto a Mario Fronzosi y Eduardo Martelli. Papini es un hombre del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. De hecho, se desempeñó en el Grupo Pegasus, que controla la cadena Farmacity y además cuenta con experiencia en el sector, ya que fue CEO de OCA. Freixas, por su parte, fue director por parte del Estado en Aeropuertos Argentina 2000 y antes de eso se había desempeñado como CEO de Autopistas del Sol (Ausol), la empresa concesionaria de la Panamericana, en la que hasta comienzos de este año el Grupo Macri todavía tenía una participación accionaria cercana al 7 por ciento.
El Correo Mayor de Indias se estableció en el Río de la Plata en 1748 y estuvo a cargo de Domingo de Basavilbaso. El Palacio de Correos (hoy Centro Cultural Kirchner) empezó a construirse en 1889 y fue inaugurado en 1928. En 1944 el Poder Ejecutivo dispuso la autarquía del correo y 1972 se creó Encotel. En 1997 fue privatizado y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de Franco Macro, se hizo cargo de la administración del correo oficial, pero en noviembre de 2003 el presidente Néstor Kirchner rescindió la concesión. La decisión se tomó porque la firma no cumplió con el pago del canon que había prometido e incluso contabilizó como inversión el despido de 3000 trabajadores. Desde entonces quedó pendiente el pago de una deuda por parte del Grupo Macri. Hubo propuestas que el Estado desconoció hasta que el año pasado, de pronto, la empresa y el Estado llegaron a un acuerdo para el pago de la deuda, algo que se pactó en una audiencia en la Cámara. Cuando la fiscal Gabriela Boquín fue notificada, denunció que era un convenio perjudicial para las arcas públicas para favorecer al Correo, controlado por empresas del Grupo Macri, al que el condonaba casi el 99 por ciento de una deuda de casi 4000 millones de pesos. El escándalo público fue tan grande que el Estado tuvo que dar marcha atrás con el acuerdo. Pero tanto la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, como la Cámara, jugaron con los tiempos a favor de dilatar una definición. Desde entonces, el Grupo Macri había intentado sacarla del medio, pero finalmente la cámara avaló su actuación.
Fuente: pagina12.com.ar